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Bolsonariatas intentan un golpe de estado en Brasilia

 

El presidente de Brasil, Lula da Silva, decretó a última hora de este domingo la intervención federal en Brasilia, lo que supone tomar el control de la seguridad de la capital, tras el asalto de miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo del país, en Brasilia. La policía retomó el control de los tres edificios sobre las 17.00 (hora local).

Lula responsabilizó a su predecesor del ataque tras llegar a la capital desde el Estado de Sao Paulo e inspeccionar los daños en el palacio presidencial. Hay cientos de detenidos. Este lunes, se han sucedido las condenas de diversos líderes internacionales, como los jefes de Gobierno de Alemania o el Reino Unido. También el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha condenado el asalto. Además, Sánchez ha alertado de que los movimientos ultras suponen “la mayor amenaza sobre la democracia, la paz y la prosperidad en el mundo”, ya que están dispuestos a “arrollar con todo”.

La policía se está concentrando junto al campamento que los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro mantienen ante el cuartel general del Ejército brasileño en Brasilia desde poco después de las elecciones presidenciales de octubre que dieron el triunfo a Lula da Silva. A última hora del domingo, el magistrado del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, ordenó el desmantelamiento de estos campamentos en 24 horas y la detención de los acampados. 

Tras el asalto este domingo contra las sedes de las principales instituciones democráticas de Brasil por miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, desactivado por la policía, el magistrado del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, ha ordenado el desmantelamiento de los campamentos de bolsonaristas frente a cuarteles militares en varias ciudades, empezando por el del cuartel general del Ejército en Brasilia.

Algunos acampados temían que se ordenase el desmantelamiento de ese campamento, según ha comprobado Joan Royo, enviado especial de EL PAÍS a Brasilia. Y, según algunos medios brasileños, como la cadena de televisión CNN, con razón. Según informa la cadena estadouniense, el ministro [presidente] del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ha decidido el desalojo de todos los campamentos bolsonaristas en un plazo de 24 horas, así como la detención de los acampados. El desmantelamiento será llevado a cabo por la policía militar de cada estado con el apoyo de la Fuerza Nacional y la policía Federal si es necesario. 

Según el diario brasileño O Globo, “el ejército y la policía militar del distrito federal (Brasilia) van a iniciar este mismo lunes la retirada de los manifestantes que aún están acampados frente al cuartel general en Brasilia”. O Globo da cuenta de una reunión a última hora de la noche del domingo en la que participaron los ministros de Defensa, José Múcio; Justicia, Flávio Dino y Casa Civil, Rui Costa, junto con el comandante del Ejército, Júlio César Arruda y en la que, supuestamente, se discutieron “los detalles de la operación” de desalojo, que se llevará a cabo este lunes.

"Hemos vivido una tentativa grave contra nuestra democracia", dice el ministro de Justicia, Flávio Dino, y recuerda que las penas que enfrentan los manifestatentes es de hasta 12 años de cárcel.

Dino considera único en la historia de la democracia brasileña lo sucedido este domingo, y carga contra el gobierno de Brasilia por no anticipar los ataques. El ministro dice que la policía del distrito federal tenía la visión de que la gente que se acercaba hacia la Explanada de los Ministerios sería "fácilmente controlada". Dino exige al gobernador que castigue a los policías que no cumplieron con su deber en el control de orden público.

Lula da Silva decretó la intervención federal de Brasilia, lo que supone retirtarle el control de la seguridad. "La policia federal es solo un complemento", recuerda el ministro Dino. "Propusimos al presidente de la República decretar la intervención federal, porque obviamente había una anomalía" en la seguridad, dice el ministro.

"Hemos recuperado las sedes de los tres poderes de la República, con daños gravísimos. Tenemos aproximadamente 200 detenidos en flagrancia" por los ataques a las sedes del Congreso, el Poder Ejecutivo y la Corte. "Detuvimos además unos 40 ómnibus que participaron en el transporte [de los manifestantes] Y vamos a encontrar a los financiadores", agrega Dino.

"No lograrán destruir la democracia brasileña", advierte el ministro de Justicia de Brasil, quien considera que lo sucedido este domingo "no es una continuidad del proceso electoral. Esto es terrorismo, es golpismo".

 

ROSARIO CLIMA

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