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Procesaron eslabón muy importante de banda narco
Los procesados integraban el eslabón más encumbrado de la «organización criminal» del Peruano Rodríguez Granthon, que se encargaba de invertir en inmuebles, transportes y comercios las ganancias por tráfico y venta de drogas, y a la vez hacía la logística para aquellas.
El dinero secuestrado en el departamento de Corrientes al 100. Foto: Policía de Investigaciones (PDI).
La Justicia federal de Rosario dispuso el procesamiento con prisión preventiva de siete personas, seis de ellas en calidad de coautores de los delitos de “tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, en forma organizada”, “lavado de activos”, “portación y tenencia ilegal de armas de fuego” y “encubrimiento”; en tanto que la séptima persona, sin pruebas suficientes como para incluirla en la comisión de esos delitos –como tampoco para dejarla libre de sospecha– quedó igualmente procesada y en prisión preventiva como “autor del delito de receptar bienes con el objeto de aplicarlos a una operación de lavado de activos”. A cada uno, además, se le trabajará embargo sobre sus bienes por la suma de 2.250.000 pesos, y continúan siendo investigados, ya que hay una masa de información para cotejar, como apertura de teléfonos celulares, entrecruzamiento de llamadas, seguimiento de operatorias comerciales y más. Es que todos están acusados de tener un papel activo en el sector más encumbrado de la “organización criminal” montada por Julio Andrés Rodríguez Granthon, “el Peruano”, cuyos eslabones más vinculados al mundo narco ya han sido desarticulados: los ahora procesados son quienes inyectaban el dinero obtenido por tráfico en operaciones de apariencia legal, como construcción de propiedades, transporte de granos y administración de comercios. Venia siendo un negocio lucrativo: en la compleja investigación federal se detectaron una flota de al menos cinco camiones con semirremolques, casas en barrios abiertos y cerrados de distintas localidades y hasta tres ferreterías en Funes.
Para el Juzgado Federal Nº3 de Rosario las pruebas recolectadas y la investigación contable derivada conforman “elementos que demuestran la existencia de una organización criminal de magnitud, dedicada principalmente al tráfico de drogas a gran escala y sostenida en el tiempo”. Por ello dictó los procesamientos de Francisco Rodríguez Villarreal –padre de Rodríguez Granthon–, Lucrecia María de los Ángeles Biagiola, Yanina Marta Messina, Marcos Jeremías Di Marco, Paola Gabriela Ramos, Jorge Antonio Benegas y Gustavo Ariel Cardozo Acosta.
Los seis primeros habían sido imputados de un abanico de delitos, “concretamente, formar parte de una organización dedicada a la comercialización, traslado, acopio, fraccionamiento y distribución de estupefacientes”, liderada por el Peruano Rodríguez Granthon, conformada y en actividad al menos desde 2017 y con la estructura funcionando bajo su mando incluso con él estando preso en el Penal de Ezeiza, desde donde seguía articulando operaciones con y sin cubierta legal, y a las personas que actuaban en ellas. De igual modo, el auto de procesamiento distingue que los nuevos procesados rendían cuentas pero estaban lejos de tener papeles pasivos en la estructura. Por caso, en el auto de procesamiento se menciona:
Rodríguez Villarreal: “coordinaba una variada gama de aspectos vinculados el funcionamiento de la organización misma, con mayor profundización en las operaciones atinentes a subrogar las ganancias provenientes del narcotráfico a través del manejo de los bienes que intentaban introducir en el mercado formal”. Para ello ostentaba “una marcada jerarquía en la determinación de las operaciones” a realizar; también en el “manejo de los tiempos” de cada una y en “la aprobación de la intervención de terceros interpuestos para simular la verdadera titularidad de los bienes que manejaba la organización”. Para el juez Vera Barros, ocupaba “una posición prácticamente a la altura de quien en los hechos aparece como el organizador de la estructura”. Aunque el líder era su hijo, dice el procesamiento, él estaba en libertad, “contando con un mayor margen de maniobra” para llevar adelante las operaciones.
Yanina Messina: para el juzgado ostentaba “un rol primario en la dinámica delictiva que desplegaba la organización criminal, llevando a cabo las tareas vinculadas al montaje de la estructura material que era utilizado no sólo para poder aprovechar las ganancias ilícitas provenientes del tráfico de estupefacientes, sino también para la consumación de las actividades específicas del tráfico de drogas”. Ella tenía a su nombre, y al de la empresa Messina Hermanos SRL muchos de los bienes de la organización, como bienes inmuebles o parte de la flota de camiones, que además de transportar cargas, “constituían los medios materiales que la organización utilizaría para consumar las operaciones de provisión y distribución de estupefacientes a gran escala”.
Marcos Di Marco: “intervendría en el marco de la presunta organización criminal a través del aporte de medios materiales para el desarrollo de la principal actividad (narco) y el traslado de miembros de la presunta organización criminal”. Una de la pruebas en su contra surge de que “bienes inscriptos a su nombre hayan sido utilizados por otros miembros de la presunta organización criminal, o el hecho de que aquel haya compartido la utilización de distintos bienes con otros presuntos integrantes”. Además “constituía con Jorge Antonio Benegas frente al hecho de que muchos de los vehículos propiedad de estos, específicamente camiones, hayan sido informados precisamente en las cartas de porte registradas ante Afip por la empresa Dievi SRL sospechada en autos como parte de la estructura funcional utilizada por la organización criminal”. Además, Di Marco tuvo “intervención directa” en “la tenencia de una importante cantidad de estupefacientes (6 kilos de cocaína)”. Y en su casa los investigadores encontraron armas de fuego y municiones”.
Jorge Benegas: “titularidad de varios de los bienes materiales que podrían estar siendo utilizados por la presunta organización criminal”, al igual que Di Marco, “junto al hecho de apreciar que varios de los presuntos integrantes de la organización criminal fueron observados junto a los vehículos que utilizaban otros imputados en el galpón vinculado” a su nombre.
Lucrecia Biagiola: ex pareja de Rodríguez Granthon, “se habría encargado de coadyuvar al montaje de parte de la estructura que la organización criminal requería para su funcionamiento, interviniendo en el registro de bienes a su nombre, sumado a que por escaso lapso de tiempo se inscribió ante el Fisco en la actividad de servicios de transportes automotor de cereales”. Los investigadores detectaron ahí un fuerte contraste con su anterior condición de empleada de una estación de servicio y el papel que a los pocos meses desempeñaba como empresaria de transportes.
Paola Ramos: “administraba bienes de la organización, registrando propiedades a su nombre que a su vez administraba a partir de las directivas” de Rodríguez Granthon. Para los investigadores tuvo un “rol activo” en el manejo de esos bienes, “cuyo producido económico también tenía como destino final acrecentar el patrimonio de la misma organización criminal”.
Con todo, el auto de procesamiento recuerda que la organización cuya cabeza era Rodríguez Granthon (condenado a 21 años de prisión) abarcaba más eslabones –con otras 19 personas detenidas– que cumplían funciones específicas, desde intermediarios de la estructura que se encargaban de la recaudación de dinero del narcotráfico, con el que compraban dólares, hasta los encargados de la logística, acopio y posterior distribución de las drogas; los que regenteaban la comercialización “en los puntos de venta utilizados por la organización, ubicados en distintos sectores de esta ciudad de Rosario y alrededores”, y hasta quienes financiaban la compra mayorista. Es decir, la organización tenía el tamaño de una pyme, con sus estructuras administrativas, cadenas de suministro, logística, de seguridad (armada) y hasta de proyectos de inversión con las utilidades.
El pasaje de esa economía narco a la economía lícita era la tarea principal, pero no la única, de los ahora procesados, que trabajaban sobre las dos aristas, con medios, vehículos y estructura.
La organización contaba con un Peugeot 208, un Peugeot 308, al menos cinco camiones Scania, un depósito en pasaje Ancaste, entre 27 de Febrero y Gálvez. También adquirió lotes para realizar construcciones para venderlas: se detectó la compra de un terreno en el barrio cerrado Pinares del Sur, de Piñero, donde se construyó una casa de 400 metros cuadrados; otro terreno en el barrio Troncales del Sur, en Alvear, donde se construyó una casa de 230 metros cuadrados; otro en Paysandú al 2000, en Funes.
A eso se suman tres ferreterías en Funes con el nombre de fantasía “Tatán Tatán” (en General Paz e Independencia, Tucumán y Varela, y Catamarca y Larrea), cinco camiones Scania de distintos modelos, todos de años recientes, y semirremolques; un Chevrolet Agile, un Volkwagen Gol Trend, y continúa la investigación para detectar otros bienes.
El auto de procesamiento recorre la investigación sobre cuentas bancarias, empresas, situación patrimonial declarada, contratos, de los distintos integrantes de la organización. No parece posible saber qué volumen de drogas comercializó y desde cuándo, pero la pista financiera y contable resultó determinante para tener una aproximación. Muchos indicios surgieron de escuchas telefónicas y de seguir, además, las pistas de dos decomisos clave: más de media tonelada 568 kilos de marihuana prensada en 770 trozos, y de 6 kilos de cocaína en dos domicilios de Funes.
