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Impuesto a multinacionales

Unos 130 países, encabezados por los 38 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), acordaron este jueves impulsar una reforma de la fiscalidad de las multinacionales que incluye un impuesto mínimo de "al menos el 15%" sobre los beneficios de las mayores empresas del mundo, en línea con la propuesta impulsada por el presidente estadounidense Joe Biden que cuenta con el respaldo del G7 (Grupo de los Siete países más ricos del mundo).

"Este paquete de medidas históricas garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todo el mundo", declaró el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, en un comunicado.

Según la OCDE, con una tasa de al menos 15%, el impuesto mínimo mundial generaría unos US$ 150.000 millones de ingresos fiscales adicionales al año en todo el mundo.

A comienzos de semana, el ministro de Economía, Martín Guzmán, había instado a que los países en desarrollo avanzaran en la propuesta sobre el impuesto mínimo global para las empresas transnacionales, pero aclaró que a su juicio debería ser de entre 21% y 25% para reducir las asimetrías con las potencias internacionales.

Estas empresas "ya no podrán evitar el pago de su parte justa ocultando los beneficios generados en Estados Unidos, o en cualquier otro país, en jurisdicciones de menor imposición", añadió.

En tanto, el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, lo calificó de "paso colosal hacia una mayor justicia fiscal"; su homólogo francés, Bruno Le Maire, habló del "acuerdo fiscal internacional más importante alcanzado en un siglo"; y su par británico, Rishi Sunak, consideró que "el hecho de que 130 países en todo el mundo, incluidos todos los del G20, se hayan adherido, representa un paso adelante en nuestra misión de reformar la fiscalidad mundial".

La declaración conjunta, que se basa en el acuerdo alcanzado en el G7 a principios de junio, prevé también un reparto "más justo" de los beneficios entre los países donde las empresas tienen su sede y aquellos en los que realmente desarrollan sus actividades, incluso sin presencia física, lo que está dirigido en particular a los gigantes digitales.

Sin embargo, las industrias extractivas, como la minería, y los servicios financieros regulados quedarán excluidos de esta medida, pero no del impuesto mínimo, dice el texto.

Un primer acuerdo en el G7 a principios de junio en Londres había dado un nuevo impulso a la negociación, que se había estancado durante la presidencia de Donald Trump y que se reactivó con la llegada de Biden a la Casa Blanca.

Los participantes en las negociaciones se dieron plazo hasta octubre para "finalizar los trabajos técnicos" y preparar "un plan para su aplicación efectiva en 2023".

Hasta entonces, los países que no se hayan adherido al acuerdo pueden hacerlo.

Se espera que los ministros de Finanzas y presidente de Bancos Central de los países miembros del G20 -entre ellos Guzmán-, que se reunirán la próxima semana en Venecia, aprueben el avance técnico y político alcanzado este jueves.