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Día crucial en Diputados
Las leyes fueron sancionadas en agosto pero el Presidente las vetó el 4 de septiembre porque, según señaló, generaban un desequilibrio fiscal que atentaba contra la estabilidad macroeconómica.
La ley de financiamiento universitario propone actualizar partidas según la inflación acumulada 2023-2024 y recomponer los salarios desde diciembre de 2023 en línea con el IPC, mientras que la emergencia pediátrica reasigna fondos para insumos, infraestructura y sueldos de médicos y residentes.
La oposición necesita los 3 tercios de ambas cámaras para insistir con ambos proyectos. En el Senado las iniciativas fueron aprobadas con una mayoría holgada, mientras que en Diputados los cálculos para llegar a los 2 tercios fueron más ajustados.
La Cámara de Diputados tratará en la sesión de hoy, los vetos del presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario. Ambas propuestas fueron sancionadas por el Congreso a fines de agosto, pero el mandatario las vetó el 4 de septiembre.
En el contexto del conflicto con el Hospital Garrahan, el Congreso aprobó un proyecto que declara la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud por 2 años. En concreto, la iniciativa propone, por un lado, la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.
Además, ordena la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos.
Según la Oficina Nacional de Presupuesto, equiparar los sueldos del personal y los residentes a noviembre de 2023 equivaldría a un gasto adicional anualizado de $ 133 mil millones.
Propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, para este año, propone implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
La iniciativa también establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. Luego, se debería actualizar de manera mensual por IPC. Según la OPC, la iniciativa tendría un costo fiscal equivalente al 0,23% del PBI.
