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Hoy se Marcha

 

La comunidad universitaria volverá a ganar la calle este martes con una nueva movilización federal contra la administración de Javier Milei. Será la cuarta marcha en defensa de la educación pública desde el inicio de la gestión libertaria y tendrá como eje principal el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que continúa frenada pese a haber sido respaldada por el Congreso y por distintos fallos judiciales.

La convocatoria fue impulsada por la Federación Universitaria Argentina (FUA) junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, que llamaron a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y a la sociedad en general a movilizarse en distintos puntos del país.

En Rosario se realiza la marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública. La concentración comienza a las 15:30 en Plaza San Martín y moviliza hacia el Monumento Nacional a la Bandera. Se esperan cortes de tránsito y desvíos importantes en el centro.

 

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración principal será en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, desde las 17.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del CIN, Franco Bartolacci, pidió una amplia participación en la jornada. “Necesitamos que seamos muchos y muchas en todas las plazas del país. No solo quienes formamos parte de la comunidad universitaria y científica, sino la sociedad en su conjunto”, sostuvo.

Durante esa presentación también remarcaron que las universidades atraviesan el momento de menor financiamiento de su historia. Según explicó Bartolacci, actualmente el presupuesto universitario representa apenas el 0,4% del PBI. “Estamos en el punto histórico más bajo. Aun aplicando la ley de financiamiento universitario, seguiríamos estando en el punto histórico más bajo”, advirtió.

Las críticas también apuntaron a la decisión del Ejecutivo de no aplicar la norma sancionada por el Congreso en 2025. El oficialismo había vetado la ley, pero tanto Diputados como el Senado rechazaron esa decisión. A pesar de eso, el Gobierno mantiene suspendida su implementación mientras insiste con cuestionamientos judiciales y económicos.

En ese marco, Bartolacci volvió a cuestionar la postura libertaria. “Si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso de la Nación, si no vale lo que ordena la Justicia para que esa ley se cumpla, que valga la voz del pueblo”, lanzó el titular del CIN.

El conflicto universitario se arrastra desde abril de 2024, cuando se realizó la primera movilización masiva para exigir mayores recursos para las universidades públicas. En aquel momento, el reclamo estaba enfocado en la actualización de los gastos de funcionamiento, que representan cerca del 10% de las partidas mensuales de las instituciones. El resto del presupuesto se destina principalmente al pago de salarios docentes y no docentes.

Aquella protesta obligó al Gobierno nacional a abrir una negociación y otorgar un incremento del 270% en gastos de funcionamiento. Sin embargo, la discusión salarial siguió abierta y se profundizó durante los meses siguientes.

La Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso contempla una recomposición de salarios desde 2023, además de un refuerzo presupuestario para las universidades públicas. Pero el Ejecutivo sostiene que la norma no establece de manera explícita cómo se financiaría y argumenta que su aplicación afectaría “la estabilidad económica y la macroeconomía”.

Desde la administración libertaria aseguran que cumplir con la ley implicaría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado únicamente al sistema universitario. Según el planteo oficial, eso generaría una “parálisis significativa” del funcionamiento estatal.

En la presentación judicial realizada por el Gobierno se advirtió que aplicar la norma podría derivar en situaciones como “la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la ciudad de Rosario”, problemas en la provisión de alimentos en cárceles federales o incluso el cierre de juzgados y de las cámaras legislativas.

Mientras tanto, el Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario para evitar actualizar salarios docentes y programas de becas, tal como ordenaron dos fallos judiciales previos. Además, solicitó que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de intervenir en el expediente por mantener cargos docentes vigentes o en licencia.

En paralelo a la disputa judicial, el oficialismo también busca avanzar en el Congreso con un nuevo proyecto para reemplazar la ley actual y reducir su impacto fiscal. La iniciativa fue presentada en Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero.

En ese contexto, las universidades nacionales seguirán funcionando este año con el mismo presupuesto de 2023, ya que el correspondiente a 2024 nunca fue aprobado por el Congreso. Según señalaron desde el sector, los salarios docentes atraviesan además el nivel más bajo de los últimos 23 años, con una pérdida de poder adquisitivo cercana al 34%.