Grandes Noticias > General

A vender las joyas de la abuela

Como en los 90, ahora que no vienen las inversiones y ya no tienen créditos Internacionales. Milei comienza a rematar las empresas del estado.

 

La administración de Javier Milei da este viernes otro paso en su avanzada sobre las empresas públicas. El Ministerio de Economía publicará en el Boletín Oficial los pliegos para avanzar con la venta del 90% de las acciones de AySA, la firma encargada del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.

La operación forma parte del paquete de privatizaciones que empujan Luis Caputo y Federico Sturzenegger, en un escenario donde el Ejecutivo busca dólares rápidos para sostener el esquema económico y afrontar pagos de deuda. El propio titular del Palacio de Hacienda reconoció que la meta oficial es recaudar unos US$ 2.000 millones este año mediante ventas de activos estatales y concesiones.

En ese recorrido, el Gobierno ya avanzó con las centrales hidroeléctricas del Comahue, varios corredores viales y la venta de acciones de Transener. Ahora el foco quedó puesto sobre una de las compañías más sensibles del mapa estatal por el carácter estratégico del servicio que presta y por el alcance sobre más de 15 millones de usuarios del AMBA.

Fue el propio Caputo quien confirmó la publicación de los pliegos a través de la red social X. “Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”, escribió el ministro.

La gestión libertaria calcula obtener alrededor de US$ 500 millones con la operación. La valuación quedó en manos del BICE, mientras que el proceso cuenta con asesoramiento del Banco Mundial. La licitación será administrada directamente por el Ministerio de Economía.

Desde el oficialismo defienden la privatización bajo el argumento de atraer inversiones privadas y reducir el peso del Estado sobre las empresas públicas. “Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”, sostuvo el jefe del Palacio de Hacienda. Y agregó: “Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos”.

Detrás de esa discusión aparece otra pelea de fondo vinculada al rol estatal sobre servicios esenciales y al manejo de recursos estratégicos como el agua potable. El antecedente inmediato remite a los años noventa, cuando durante el gobierno de Carlos Menem el servicio fue concesionado a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez.

Aquella privatización también había sido presentada con promesas de expansión de redes, eficiencia operativa y mejoras en la prestación. Sin embargo, con el correr de los años aparecieron conflictos por incumplimientos en inversiones, deterioro de infraestructura y fuertes discusiones tarifarias. Mientras la concesionaria reclamaba actualizaciones permanentes para sostener rentabilidad, amplios sectores seguían sin acceso adecuado al servicio de agua y cloacas.

La crisis económica de comienzos de siglo terminó profundizando el enfrentamiento entre el Estado y la compañía privada. Finalmente, en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Gobierno rescindió el contrato y avanzó con la reestatización mediante la creación de AySA. Luego, la empresa inició demandas internacionales contra la Argentina ante el CIADI.

En paralelo al proceso de venta, el esquema económico de la compañía ya comenzó a modificarse. Hace apenas dos semanas, la firma selló un nuevo contrato de concesión privada que vuelve permanente el modelo aplicado desde 2024. El sistema contempla concesiones por 30 años, revisiones tarifarias cada cinco años, obligación de inversiones privadas sin asistencia estatal y garantía de equilibrio económico-financiero para la futura operadora.

Ese punto aparece como uno de los ejes centrales porque las tarifas pasan a convertirse en la principal herramienta para sostener la rentabilidad empresaria. De hecho, la compañía ya viene aplicando incrementos mensuales para evitar quedar retrasada frente a la inflación. Entre mayo y agosto habrá subas del 3% mensual y la tarifa promedio de agua y cloacas llegará a $29.967 antes de impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales.

Entre los grupos empresarios interesados en quedarse con el control de la compañía aparecen la familia Neuss, que integra Edison Energía junto a los dueños de Havanna y Newsan, además del empresario Mauricio Filiberti, propietario de Transclor. Todos nombres que ya vienen expandiendo posiciones en sectores regulados y estratégicos de la economía argentina.