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Denuncia contra Caputo y Bausili por el oro argentino

 

La polémica en torno a la administración de las reservas de oro sumó ahora una presentación por un posible conflicto de intereses. El abogado Gregorio Dalbón amplió una denuncia en los tribunales de Comodoro Py y pidió investigar la participación y elección del Deutsche Bank como contraparte clave en los contratos de derivados financieros concertados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025.

La presentación judicial, que tramita ante el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo, apuntó contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet. Ahora Dalbón sumó a la lista de denunciados a Nicolás Marcelo Ferro, quien se desempeña como subsuperintendente de la mencionada área e integra el Directorio del BCRA.

El escrito puso de relieve que Caputo y Bausili tuvieron cargos jerárquicos en el Deutsche Bank antes de desembarcar en el Gobierno. El banco alemán se vio beneficiado en la operatoria a partir de la suba de la cotización internacional del oro, que superó los 4.000 dólares por onza. Así, el BCRA se vio obligado a pagar una diferencia en dólares.

La investigación penal se originó a partir de los hallazgos consignados en el informe de auditoría de los estados contables del Banco Central correspondientes al año 2025, aprobado por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Aunque el dictamen general de los auditores resultó favorable y no señaló inconsistencias técnicas ni patrimoniales, el organismo de control a cargo de Juan Manuel Olmos incluyó un apartado específico denominado “Operaciones de opciones con subyacente oro” para advertir sobre la naturaleza de estas transacciones.

De acuerdo con los registros contables del BCRA analizados por la AGN, estas operaciones con instrumentos derivados —que teóricamente se diseñaron con fines de cobertura— arrojaron una pérdida neta de 1.023 millones de dólares. El informe detalló que este saldo negativo se compuso de dos elementos principales: por un lado, 960,2 millones de dólares anotados bajo el concepto de “Resultado negativo por opciones” y, por el otro, 62,8 millones de dólares destinados al pago de primas de opciones.

Esta salida de dólares de las reservas se produjo en un contexto donde la tenencia física de oro del propio Banco Central experimentó una revalorización positiva de 8 billones de pesos debido al incremento del 64,9% en la cotización internacional del metal durante el año pasado.

La nueva ampliación de la denuncia penal se focalizó en la aparición del Deutsche Bank como la entidad financiera internacional que habría actuado como contraparte en estas operaciones. Según diversas publicaciones periodísticas citadas en el expediente, el negocio consistió en la estructuración de una estrategia financiera conocida en el mercado como “collar”.

El ministro de Economía y el presidente del Banco Central impulsaron el traslado de una porción de las reservas de oro al exterior con el objetivo de generar rendimientos y con activos que estaban "inmovilizados"
Esta modalidad implicó la adquisición de un seguro contra la caída del precio del oro (opción de venta o put) que se financió simultáneamente con la venta a las contrapartes del derecho a comprar el oro (opción de compra o call) a un precio fijado en algo más de 3.000 dólares por onza.

El punto de quiebre que señaló la denuncia apareció cuando la cotización internacional del oro superó la barrera de los 4.000 dólares por onza. Al rebasar el techo establecido en el contrato, el Banco Central se vio obligado a pagar la diferencia en dólares a sus contrapartes extranjeras, resignando de este modo una porción sustancial de la ganancia obtenida por la valorización de sus activos.

A este panorama se sumó la sospecha sobre los costos asociados a la intermediación financiera. Las versiones públicas señaladas en la denuncia —que deben ser corroboradas formalmente— mencionaron que las comisiones, honorarios y márgenes globales derivados de estas transacciones superaron los 60 millones de dólares.

No obstante, las condiciones precisas de contratación y la identidad de los beneficiarios de dichos pagos permanecen bajo estricto secreto, dado que las autoridades del Banco Central se negaron a entregar copias de los contratos a los auditores de la AGN.

Así, el denunciante Gregorio Dalbón -abogado de Cristina Fernández de Kirchner, entre otros- pidió investigar a los funcionarios por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Lingotes de oro
La suba internacional del precio del oro explica, según la AGN, la ganancia patrimonial de más de $8 billones que registró en 2025 la tenencia del Banco Central. (Crédito Andina)
Con el objetivo de esclarecer la maniobra, la ampliación de la denuncia propuso una serie de medidas de prueba.

Ante el riesgo de que la información digital sea alterada o borrada, el denunciante solicitó que se ordene el allanamiento de la sede del Banco Central y el secuestro o copia forense de los servidores y casillas de correo electrónico institucional de la Presidencia, el Directorio y las áreas de mercados, reservas y asuntos jurídicos correspondientes a los últimos dos años.

Además, propuso requerir al Banco Central la remisión de todas las actas de Directorio, los informes técnicos de riesgo, las valuaciones de las operaciones y las comunicaciones mantenidas con el Ministerio de Economía. Asimismo, recomendó citar a declarar como testigo al titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, y a los auditores que intervinieron en la confección del informe contable.

En el plano internacional, el escrito demandó que se libre un exhorto de cooperación jurídica a la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos. El propósito de esta medida es que el organismo regulador norteamericano informe si el Deutsche Bank registró reportes, consultas o investigaciones vinculadas con el pago de comisiones o beneficios a intermediarios o funcionarios públicos argentinos en relación con los contratos de oro firmados durante 2024 y 2025.