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Presupuesto 2027 en la mira

 

El oficialismo consiguió este martes el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El presidente del ente, Bertie Benegas Lynch, confirmó que consiguieron 27 firmas de los 48 legisladores presentes.

"Tenemos dictamen para el Presupuesto 2027", anunció el diputado libertario y le agradeció a los bloques aliados que apoyaron la medida. Del total, 20 firmas fueron del oficialismo y otras dos de la titular del bloque de la UCR, Pamela Verasay; y la sanjuanina que responde al gobernador Marcelo Orrego, Nancy Picón Martínez. Por su parte, firmaron en disidencia Daina Fernández Molero y Fernando de Andreis (PRO), Eduardo Falcone (MID), la tucumana Elia Fernández (Independencia) y el catamarqueño Sebastián Nóblega.

El Gobierno ajustó su estrategia para conseguir los respaldos necesarios para avanzar con la "ley de leyes". Las negociaciones involucraron al PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Provincias Unidas y Argentina Federal. El objetivo del oficialismo es llevar el proyecto al recinto el próximo miércoles 25 de noviembre, antes del cierre del período ordinario de sesiones, previsto para el 30 de ese mes.

Uno de los movimientos centrales para acercar posiciones fue el acuerdo entre el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo. El titular de Diputados le confirmó la aceptación de varios de los pedidos que había presentado su espacio, en una gestión orientada a destrabar tanto las firmas del dictamen como los votos para la aprobación.

Entre las modificaciones acordadas aparece la prórroga de las leyes 27.263 y 27.686, vinculadas con la promoción del autopartismo. La extensión llevará los beneficios para el sector hasta 2032 y funcionará como una suerte de RIGI automotriz.

El esquema permitirá que las empresas fabricantes de autopartes accedan a una devolución más rápida del Impuesto al Valor Agregado (IVA), amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y una alícuota del 0% de retenciones para sus exportaciones.

El cambio más relevante tuvo que ver con el capítulo de discapacidad. Previo a la firma, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado anunció que suprimirían los artículos 36 al 41, los cuales desarmaban el sistema de protección para personas con discapacidad.

La legisladora cordobesa explicó que el recorte era necesario para que el Presupuesto no entrara en contradicción con la Ley de Fortalecimiento en Discapacidad. La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados con un apoyo casi total y será debatida este jueves en el Senado. La modificación respondió a una condición planteada por el PRO y el MID, que habían advertido que no acompañarían el Presupuesto si no se garantizaban los recursos necesarios para sostener el sistema de prestaciones.

Otro de los compromisos asumidos por el Ejecutivo está relacionado con los recursos de la Ciudad de Buenos Aires. El acuerdo contempla regularizar las transferencias de coparticipación y habilitar operaciones de financiamiento porteño con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En ese capítulo, las conversaciones incluyeron un contacto directo entre el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar con una salida al reclamo por los fondos que le corresponden a la Capital.

También se incorporó una modificación impositiva para la actividad avícola. El planteo había sido impulsado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien reclamó reducir del 21% al 10,5% el IVA aplicado a los huevos y sus derivados.

La discusión por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), en cambio, no terminó con la rebaja general que reclamaban las provincias. Los distritos cuestionaban que esos recursos tienen incidencia directa en el mantenimiento de las rutas nacionales y que la Nación no distribuye los fondos recaudados.

Frente a ese pedido, el oficialismo propuso avanzar mediante acuerdos bilaterales entre el Gobierno nacional y cada provincia, en lugar de aplicar una reducción para todos los distritos. Finalmente, el PRO aceptó esa alternativa.

Las concesiones también alcanzaron al control de las privatizaciones viales. A partir de los cambios incorporados, la publicación de información sobre inversiones, plazos y tarifas de las concesiones quedará bajo la supervisión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones. Además, se deberán presentar informes trimestrales ante el Congreso.

La incorporación de ese mecanismo respondió a una exigencia del PRO, que había incluido la transparencia sobre las concesiones entre los siete puntos que acercó a la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, integrante de Argentina Federal, reclamó mayores partidas para Ciencia y Técnica y para las universidades nacionales.

La discusión por el financiamiento universitario también expuso la distancia entre los recursos contemplados por el Ejecutivo y los que reclama el sector. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exige 11 billones de pesos para el sistema universitario, mientras que el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo contempla 7,3 billones.

En cuanto a las previsiones macroeconómicas, el proyecto elaborado por el Gobierno contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% y una inflación anual del 18%. Además, de acuerdo con las estimaciones presentadas por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el dólar oficial alcanzaría los $1.847,60 en diciembre de 2027.

La iniciativa también establece el mantenimiento del superávit fiscal como uno de los ejes centrales de la política económica de la administración nacional.

 

 

ROSARIO CLIMA

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