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MACRI Y SU ACUERDO CON EL FMI
Omisiones deliberadas e incumplimientos: los detalles de la investigación de la Sindicatura General de la Nación sobre la toma del préstamo
"Quedó demostrado que se asumieron compromisos con el FMI sin determinarse antes su impacto en la balanza de pagos y la sustentabilidad del endeudamiento", señala el informe de la Sindicatura General de la Nación que recibió Alberto Fernández.
La deuda de más de 44 mil millones de dólares contraída por el gobierno macrista con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se asumió sin determinarse previamente "su impacto en la balanza de pagos" y la "sustentabilidad del endeudamiento", al tiempo que se "omitió deliberadamente cumplir con los mecanismos normativos exigidos para este tipo de operaciones".
Así lo señaló la Sindicatura General de la Nación (Sigen) en un informe sobre los resultados de la investigación que realizó del acuerdo con el FMI que la Argentina suscribió en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, para el otorgamiento del préstamo por más de 44 mil millones de dólares.
En el informe de la Sigen se analizan las responsabilidades de los funcionarios que actuaron en la materialización del acuerdo y la posible existencia de perjuicio para el patrimonio público.
El documento de la Sindicatura fue remitido por su titular, Carlos Montero, al presidente Alberto Fernández y a Felix Crous, jefe de la Oficina Anticorrupción, organismo que ya formalizó una denuncia penal por "defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos" por los procedimientos aplicados para el acuerdo
De las tareas de auditoría realizadas por la Sigen, se constataron "incumplimientos en los procedimientos esenciales aplicables a la suscripción del Acuerdo Stand By firmado entre la República Argentina y el FMI en el mes de junio de 2018 y su ampliación".
De ese informe del Banco Central se desprende que prácticamente la totalidad del desembolso efectuado por el FMI (U$S 44.500 millones) fue utilizado en el mismo período para la formación de activos externos (fuga de capitales), sin que se hayan tomado medidas tendientes a limitar o impedir esta situación hasta octubre de 2019, concluyó la Sigen.
